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jueves, 01 de octubre de 2020 a las 17:15

Autoridades visitan el norte del país prometiendo reforzar controles en las fronteras tras migraciones ilegales

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, llegó junto al general inspector de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el director de asuntos consulares de Cancillería, Raúl Sanhueza, para una visita a la Región de Tarapacá, debido a la alerta por la creciente ola de migración irregular en la zona norte de Chile.

La visita ocurre, además, un día después de que el Congreso avanzara hacia la aprobación de la polémica Ley de Migraciones, que propuso el Gobierno para endurecer las fronteras, y que ha recibido críticas de la oposición y la sociedad civil.

El proyecto, aprobado ayer por el Senado pero que todavía debe ser ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados, es una propuesta que el Presidente Sebastián Piñera llevó a cabo durante su primer mandato (2010-14) bajo el lema de "ordenar la casa", y busca modernizar la actual regulación migratoria chilena, la más antigua de Sudamérica.

"Estamos aquí para reforzar nuestros controles en la frontera, para hacernos cargos, obviamente, tomando las medidas preventivas sanitarias que correspondan", dijo Galli esta tarde en un punto de prensa en Iquique, donde las autoridades dicen estar alerta por el alza de indocumentados que se encuentran deambulando por la ciudad, sin acceso a protección social.

"Claramente lo que tenemos que ver es qué hacemos para tener un mejor monitoreo de la frontera, poder anticiparnos a lo que ocurre en la frontera, cómo vamos a proceder con aquellas personas que ya estén dentro de Chile, cuál es el procedimiento que tiene que adoptar Carabineros o las fuerzas militares respecto a esas personas, qué va a hacer la PDI, qué va a hacer el Ministerio Público, cómo vamos a proceder como Gobierno, tanto las Intendencias como las Gobernaciones", señaló la autoridad.

En este sentido, Galli reafirmó que las personas que han ingresado de forma clandestina al país serán sometidas a un proceso de expulsión.

En Chile -un país que hasta el inicio de las protestas del pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica- hay 1,4 millones migrantes, lo que equivale a más del 7 por ciento de la población.

En tanto, la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la Policía de Investigaciones estima que en lo que va de año más de 5.000 migrantes han ingresado al país de forma irregular.