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viernes, 01 de marzo de 2019 a las 18:34

Colusión de supermercados por precio de pollos, ejecutivos responsables Podrían ir a la cárcel

Un nuevo capitulo de colusión se confirmó en Chile, pero la materia no es nueva: la venta de carne de pollo fresca. Así, como la secuencia de la condena en contra de Agrosuper, Ariztía y Don pollo en 2014, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia determinó de forma unánime que también las cadenas de supermercados Cencosud, Walmart y SMU ejecutaron prácticas anticompetitivas en el mismo mercado. De esta forma, el organismo actuó tras acoger la acusación formulada en 2016 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la cual aseguró que los supermercados, a través de sus proveedores, mantuvieron un acuerdo para fijar precios mínimos de venta de la carne de pollo entre 2008 y 2011 para "evitar la guerra de precios".

Pero dicho mecanismo quedó al descubierto en el marco de la investigación realizada en el denominado "caso pollos", en el cual las avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo fueron condenadas en octubre de 2015 por la Corte Suprema a multas que totalizaron más de US$55 millones de la época. Así, a raíz de diversos casos de colusión, como el del papel tissue, en agosto de 2016 la Presidenta Michelle Bachelet promulgó una ley que perfeccionó el Sistema de Defensa de la Libre Competencia, la cual incluyó penas de cárcel a los responsables de delitos de colusión que van desde los 3 años y un día a los 10 años. De esta forma, la condena actual hacia los supermercados se da dentro de esta nueva legislación, pero resulta que las prácticas anticompetitivas de las que se les acusan se llevaron a cabo más de cinco años antes de que se promulgara la nueva normativa. ¿Arriesgan cárcel los que resulten responsables de este caso de colusión? Frente a la condena del TDLC, las tres cadenas de supermercados han respondido enérgicas que no han sido parte de ninguna práctica que atente contra la libre competencia. Por ello, acudirán a la Corte Suprema para revertir las acusaciones y así evitar pagar una multa total de más de $8.000 millones. Sin embargo, el abogado experto en Derecho Económico, Gonzalo Arias, comentó a Emol que ve "difícil" que el máximo tribunal pueda revertir la condena. Lo anterior, porque "la sentencia es bastante completa, quedó demostrado y acreditado fehacientemente que hubo una coordinación entre los supermercados y proveedores para efectos de ponerse de acuerdo en fijar un precio mínimo de venta".