Tras la aprobación en el Senado, la denominada «Ley Uber» fue despachada por el Congreso. La normativa considera a las aplicaciones de ese tipo como empresas de transporte remunerado de pasajeros, lo que las obliga a inscribirse en un registro virtual de Empresas de Aplicaciones de Transporte. Además, la ley mandata a los conductores a que en un plazo máximo de 12 meses cambien su licencia a una de clase A, profesional