La Defensoría de la Niñez detectó que entre los primeros semestres de 2022 y 2023 hubo un aumento del 70,6 por ciento en la cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrículas en establecimientos educacionales de todo el país.
En tan sólo un año, indica la institución, se produjo un alza de 276 a 471 casos de este tipo de casos, en el informe «Total de expedientes de expulsión y cancelación de matrícula de estudiantes durante 2022 y 2023», investigación que se basó en los datos entregados por la Superintendencia de Educación.
La región con mayor cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrículas en 2023 fue Arica y Parinacota con una tasa de 0,73 casos por cada 1.000 estudiantes.
Asimismo, en los datos por comuna, las que presentaron más alto promedio de casos por establecimiento son Copiapó, Alto Hospicio, Santiago, Antofagasta y Arica.
Sobre las edades de los estudiantes expulsados, la mayoría de los casos se concentra en la enseñanza media, sin embargo, la Defensoría de la Niñez alertó de que un 35 por ciento del total de expedientes corresponden a estudiantes de educación básica con casos desde primero, con 10 casos, y segundo básico con otros 10 casos.
La causal más recurrente es «agresiones a otros estudiantes» con un 33 por ciento, seguida por «transgresión reiterada de normas» con 20 por ciento, «asociado al uso de armas» con un 13 por ciento y «hechos relacionados a drogas» con un 8 por ciento.
El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez señaló en su informe que no solo han subido las expulsiones, sino también las denuncias que estudiantes y familias presentan ante la Superintendencia de Educación a raíz de esta medida de los establecimientos, presentando un aumento del 184 por ciento entre 2022 y 2023.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, resaltó que «resulta preocupante la ausencia de registros de expulsiones en establecimientos particulares pagados, quienes no tienen la obligación de informar a la Superintendencia de Educación, a pesar que un tercio de las denuncias por esta materia provienen de este tipo de colegios. Esto invisibiliza de forma significativa una realidad importante que debe ser monitoreada».
«Nos parece que estos procedimientos, incluyendo los regulados por la Ley Aula Segura, y por supuesto también los fenómenos que las causan, necesitan ser revisados por las autoridades competentes a la luz de la Ley de Garantías. Es esencial que toda medida se centre en la protección de derechos de todos los actores involucrados, pero también considere las trayectorias educativas y los riesgos de la exclusión escolar», finalizó.