La ministra vocera del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, afirmó que el Ejecutivo solicitó un “refuerzo adicional” a las Fuerzas Armadas para “copar zonas de riesgo” en el sur del país, entre ellas el área donde el sábado fueron asesinados tres policías en un hecho que ningún grupo ha reivindicado.
Además, la secretaria de Estado enfatizó que el Gobierno ha dispuesto “herramientas jurídicas” para “condenar con las máximas penas a los delincuentes de este brutal crimen”.
“Estamos hablando de cadena perpetua calificada. No dudamos en usar las armas y herramientas más eficaces para que haya justicia y no haya impunidad”, dijo la ministra.
“Necesitamos endurecer las medidas. Para ello no solo basta el accionar unido de los distintos poderes del Estado en la zona, sino actualizar nuestra legislación, como la ley de inteligencia, contar con un Ministerio de Seguridad Pública con dedicación exclusiva; necesitamos nueva regla de uso de la fuerza y una nueva ley antiterrorista”, puntualizó.
El Gobierno anunció la presentación de una querella criminal contra todos quienes resulten responsables, contemplando los delitos de homicidio contra Carabineros, violación de la Ley de Armas y por pertenencia a una organización criminal.
El ataque contra los tres funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos ocurrió en la localidad de Cañete, 600 kilómetros al sur de la capital, en la región del Biobío, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro.
Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción.
Los fallecidos fueron identificados como Carlos José Cisterna Navarro, Misael Magdiel Vidal Cid y Sergio Antonio Arévalo Lobo, quienes fueron hallados sin vida por voluntarios de Bomberos.
El presidente Gabriel Boric, que apenas conoció la noticia reunió a su gabinete de crisis y condenó el atentado públicamente, se dirigió hacia el lugar, a más de 600 kilómetros al sur de la capital, acompañado de una delegación de representantes de los tres poderes del Estado, y llamó a la unidad política para enfrentar la situación.
Las regiones del Bio Bío y La Araucanía son, desde hace décadas, escenario de un conflicto que involucra a pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.
Desde mayo de 2022 las zonas afectadas por el conflicto están bajo estado de emergencia, en un intento por controlar los ataques de grupos armados, en su mayoría sabotajes incendiarios.
En la zona ha habido también en los dos últimos años un importante crecimiento del crimen organizado y de la presencia de Compañías Militares Privadas de Seguridad, que han complicado la situación de seguridad y el propio conflicto.