El Gobierno de Perú prorrogó desde este sábado y durante 30 días el estado de emergencia por inseguridad ciudadana en ocho distritos de Lima y la provincia del Callao, señaló un decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
El decreto, emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), detalló que la medida rige en los distritos limeños de Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, así como en toda la provincia del Callao, anexa a Lima.
La norma ratifica que durante los próximos 30 días el control del orden interno seguirá a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Mantiene, además, la restricción de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, de reunión y libertad y seguridad personales.
Además, se restringe la posibilidad de que dos personas puedan viajar en vehículos menores, como motocicletas.
La emisora RPP señaló que la decisión de incluir a ocho distritos, cuando estos eran 14 hasta los últimos días, ha sido criticada por los alcaldes de jurisdicciones de Lima que no han sido incluidas.
El alcalde del distrito de Los Olivos, Felipe Castillo, pidió al gobierno que incluya a su localidad en la prórroga, ya que consideró que se puede dar la migración de grupos criminales desde otros distritos.
Por su parte, el alcalde del distrito del Rímac, Néstor de la Rosa, también se quejó de que su zona no haya sido incluida y aseguró que la ‘franja de Lima Norte’ ha sido «desmantelada» de las medidas de seguridad, al no comprenderse al Rímac, Independencia y Los Olivos.
El Gobierno de Perú declaró desde diciembre pasado en estado de emergencia a 14 distritos de Lima y 6 del Callao, con el objetivo de enfrentar el incremento de la delincuencia y el crimen organizado.
La medida se tomó después de que la PNP recomendó enfrentar «la perturbación al orden interno por el incremento del accionar criminal y la inseguridad ciudadana, derivados del aumento de la comisión de delitos de homicidio, robo, hurto, extorsión, entre otros».
El estado de emergencia fue dictado después de varias movilizaciones de protesta de gremios de transporte urbano y comerciantes que son víctimas de extorsión, que denunciaron el asesinato de varios de sus miembros por negarse a pagar a las bandas criminales, una situación que se ha mantenido a pesar de las medidas del Ejecutivo.