La Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular a una banda criminal compuesta por cuatro ciudadanos bolivianos, quienes se dedicaban al tráfico y prostitución de mujeres de su misma nacionalidad en las ciudades de Arica e Iquique.
Todos quedaron con arresto domiciliario total este lunes mientras dure la investigación decretada por el Juzgado de Garantía de Arica, acusados de asociación criminal, lavado de activos y facilitación de la prostitución en contra de 47 víctimas.
Su caída se produjo luego de una investigación de largo aliento llevada adelante por la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI -que logró acreditar los delitos-, y la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía de de Arica, que persiguió la ruta del dinero para dar con tres casas adquiridas por los miembros de esta red gracias a sus ganancias ilícitas.
Según informó el prefecto José Contreras Hernández, jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota de la PDI, “hoy culmina una primera etapa de este proceso investigativo que tiene relación con combatir la explotación sexual, particularmente aquellas que están destinadas a la promoción y la captación de víctimas en el extranjero. 47 víctimas de nacionalidad boliviana eran explotadas sexualmente por sujetos de su misma nacionalidad».
El inspector detalló que en los allanamientos en Arica e Iquique a 14 viviendas se decomisaron armas de fuego, municiones y casi 1.5 kilos de cocaína. En ellos se detuvo a los cuatro ciudadanos bolivianos, y también a un quinto sujeto de nacionalidad venezolana, acusado de tráfico de drogas.
Por su parte, el fiscal a cargo de la investigación, Mario Carrera, agregó que además “se incautaron cerca de 138 millones de pesos en efectivo (USD 146 mil), en una operación que evidentemente nos da cuenta de que había mucho más dinero circulando. Esos 138 millones fueron solamente lo que se incautó al momento de las detenciones”.
“Se incautaron o están en proceso de incautarse tres propiedades que no tienen cómo definir en cuanto a su adquisición, y asimismo también, el dinero y los libros contables, que también para nosotros son muy importantes. En definitiva, acá hablamos de una estructura organizacional con reglas y definiciones claras en una investigación en conjunto con la Policía de Investigaciones”, complementó.
Finalmente, la seremi regional de Seguridad Pública, Elsa Cortez San Francisco, indicó que “estas mujeres han sido víctimas de un delito que les coarta la libertad, que también las expone a diferentes riesgos y por supuesto vulnera sus derechos humanos. Es por ello que en nuestro Centro de Apoyo a Víctimas haremos un acompañamiento no solo social y jurídico, sino que además en la reparación con nuestro equipo psicosocial”, cerró la autoridad de gobierno.