El proyecto había sido aprobado en el Congreso por la unanimidad de ambas cámaras y ahora queda listo para los trámites tendientes a su promulgación, estableciendo un marco legal que cambia un enfoque asistencial por uno de derechos de las personas mayores, reconociéndolas como sujetos activos, con capacidad de decisión, participación y aporte a la sociedad.
El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció el retiro del veto sustitutivo que la anterior administración presentó el 5 de febrero pasado al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, que en ese momento había terminado su trámite legislativo con la aprobación unánime del Senado y la Cámara de Diputados.
De esta manera, la ley queda lista para su despacho por parte del Senado y continuar los trámites conducentes a su pronta promulgación. “Como hemos planteado desde la campaña, y en el marco de nuestro plan Generación Dorada, las personas mayores cumplen un rol fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad, y merecen ser reconocidas como sujetos activos, con capacidad de decisión, participación y aporte. Por eso, estamos destrabando un proceso muy esperado que dio lugar a una ley ampliamente consensuada, pero que fue detenido por el veto, que no tuvo mayores avances por parte del Ejecutivo. Al retirarlo, reforzamos nuestra intención de que la ley se ponga en marcha lo antes posible, con el máximo cuidado, dedicación y control de parte de nuestro Ministerio», destacó María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia.
Añadió que la próxima semana se reunirá con diversas organizaciones sociales vinculadas a las personas mayores, con el objetivo de darles a conocer los alcances de la medida, y el enfoque prioritario que el ministerio le otorgará a la implementación de la ley.
“En un país que envejece aceleradamente, contar con un marco legal moderno es una condición básica para construir políticas públicas sostenibles, inclusivas y equitativas entre generaciones. El reconocimiento digno a las personas mayores no puede esperar. Esta ley también les entrega los medios para que puedan mantenerse activos laboralmente, de acuerdo a sus condiciones particulares, conservando su relacionamiento social y así, combatiendo la sensación de soledad, determinante en su calidad de vida”.
PROTECCIÓN LABORAL
El retiro del veto sustitutivo permite mantener los beneficios que tiene la ley en materia de protección laboral y modalidades de trabajo flexible para las personas mayores, al reconocer que el trabajo, cuando es voluntario y se desarrolla en condiciones adecuadas, no solo es una fuente de ingresos, sino también un espacio de participación, autonomía y sentido.
Asimismo, permite avanzar hacia una legislación que no solo protege derechos, sino que también combate el «edadismo» (discriminación por edad), reconoce el valor social y productivo de las personas mayores y habilita las condiciones para su desarrollo laboral. «El envejecimiento es parte del desarrollo del país y es nuestro deber garantizar oportunidades laborales dignas durante todo el ciclo de vida. Se trata de una inversión en cohesión social, inclusión y respeto intergeneracional», destacó la secretaria de Estado.
Soledad Carvacho, presidenta de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores, resaltó que Chile ratificó la Convención de las Personas Mayores, «pero necesitamos una ley integral que la complemente y le dé cuerpo para defender los derechos de las personas mayores(…) Esta ley define cada uno de esos derechos».
Por su parte, Sara Ortega, presidenta de la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor Macul, subrayó que la ley «nos da más derechos, más facultades a las personas mayores. Nos permite una vejez digna, activa y saludable que es muy importante para nosotros. Además, da más apoyo a SENAMA, que es la organización que nos dirige (…) Somos un país envejecido y necesitamos que nos apoyen”.
15 DERECHOS ESPECÍFICOS
La nueva Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable contiene 15 derechos específicos para las personas mayores, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez, derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente, acceso a la justicia, derecho a la independencia y a la autonomía, entre otros.
Asimismo y entre otros aspectos, la normativa resguarda los derechos de las personas mayores con dependencia, al establecer la definición de abandono social y un nuevo procedimiento en la ley de tribunales de familia, para la aplicación de medidas de protección para personas mayores víctimas de este abandono social, que permitirá actuar con mayor agilidad y entregar un adecuado tratamiento y soluciones programáticas de cuidados más amplias que la sola institucionalización en establecimientos de larga estadía.