Biodiversidad, reconversión territorial y desarrollo comunitario son dimensiones que han ido reconfigurando la discusión respecto a la forma en que la industria proyecta el término de sus operaciones.
En las últimas décadas, el cierre de faenas mineras ha ido evolucionando desde un enfoque centrado en el cumplimiento normativo hacia una visión integral y multidisciplinaria, en la que los aspectos sociales han adquirido una mayor relevancia. La globalización y la mayor capacidad de las comunidades para acceder a información han generado nuevas exigencias y presiones sobre la industria minera en todas sus etapas, incluyendo el cierre y el post-cierre.
Este cambio de paradigma ha impulsado a la industria a transitar desde la mera mitigación de los impactos hacia la generación de beneficios netos positivos, en términos ambientales y sociales al cese de una operación minera.
“Existe una expectativa creciente por parte de las comunidades respecto a que las operaciones no solo mitiguen sus impactos, sino que además impulsen condiciones socioambientales favorables para el entorno una vez finalizada la actividad minera”, señaló Andrés López Skoknic, gerente de Planificación Ambiental y Biodiversidad de Ausenco, en el marco del Seminario Internacional Planning for Closure 2026, donde el ejecutivo presentó la exposición “Post-Mining Land Use Planning: Toward A Net Positive Gain”.
Según explicó el ejecutivo, los procesos de cierre han ido incorporando en forma paulatina criterios asociados a restauración ecológica, biodiversidad, conectividad de ecosistemas y recuperación de especies nativas, junto con indicadores socioeconómicos vinculados a empleabilidad, reconversión laboral y posibles usos futuros del territorio.
Un reflejo de esta transformación es la proliferación en los últimos años de estándares internacionales que han definido lineamientos para la rehabilitación y restauración en el post-cierre minero. Estos estándares se han materializado en guías que incluyen indicadores medibles y verificables, tales como la presencia de especies nativas, el porcentaje de cobertura vegetal, la conectividad ecológica, el control de la erosión y la recuperación de funciones ecosistémicas. Asimismo, algunas incorporan la dimensión socioeconómica, con indicadores vinculados a la empleabilidad y la reconversión laboral. “El desafío no es únicamente técnico. Es necesario comprender las expectativas de las comunidades, definir alternativas viables para el uso futuro del sitio y proyectar soluciones sostenibles en el largo plazo, lo que implica involucrar genuinamente a todos los actores en el proceso”, afirmó López.
En Chile, este tema cobra especial relevancia debido al envejecimiento de ciertas operaciones mineras, el incremento de las exigencias en materia de ESG y la necesidad de fortalecer la relación entre la minería y los territorios, en un contexto de creciente escrutinio ambiental y social.
“El análisis de alternativas del uso del sitio en la etapa de post-cierre plantea importantes y múltiples desafíos. Es necesario establecer una gobernanza ad-hoc, identificar las expectativas de las partes interesadas, y realizar una adecuada evaluación de riesgos y costos asociados a cada opción”, concluyó López.