El masivo operativo encabezado por la Fiscalía y Carabineros en distintas regiones del país para desarticular una presunta red de tráfico de cannabis que operaba bajo la fachada de dispensarios medicinales abrió un nuevo debate en el Congreso respecto de la regulación del uso terapéutico de la marihuana y los mecanismos de fiscalización existentes. La investigación, que culminó con 72 detenidos, apunta a organizaciones que habrían utilizado dispensarios de cannabis para aparentar legalidad, pese a que, según la tesis del Ministerio Público, estarían operando con fines comerciales y obteniendo ganancias que superarían los $8 mil millones.
En ese contexto, parlamentarios oficialistas plantearon propuestas para endurecer los controles sobre este tipo de organizaciones. Desde el Partido Republicano, la diputada Catalina del Real sostuvo que el caso demuestra cómo «el narcotráfico y el crimen organizado están usando cualquier resquicio legal, incluso la fachada de la salud y el uso medicinal, para montar un millonario negocio criminal de venta de drogas». A juicio de la parlamentaria, cualquier discusión sobre cannabis medicinal debe mantenerse bajo un esquema estrictamente clínico. «Si se discute el consumo medicinal, el enfoque debe ser exclusivamente clínico y cerrado, mediante farmacias establecidas y con recetas retenidas. Cualquier apertura a dispensarios o clubes comunitarios es abrirle la puerta de par en par a las mafias», afirmó. Asimismo, llamó a endurecer las penas y fortalecer las herramientas de investigación de las policías.
Una visión distinta planteó desde la oposición la diputada Ana María Gazmuri (AH), quien llamó a no confundir eventuales irregularidades con el funcionamiento de los cultivos colectivos autorizados para fines terapéuticos.
La parlamentaria sostuvo que es necesario que la investigación determine si efectivamente existió una sobreproducción respecto del número de socios inscritos, pero advirtió que ello no debe derivar en cuestionamientos generales al modelo.