La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, para su tercer trámite constitucional, el proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso a este derecho, eliminar la exigencia de que las empresas tengan 20 o más trabajadoras para estar obligadas a proveerlo y crear un fondo solidario para financiar el beneficio. La propuesta recibió un amplio respaldo en sus dos votaciones.
El informe general de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social fue aprobado con 132 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones. En tanto, el informe de la Comisión de Hacienda, que abordó las disposiciones relativas al financiamiento, obtuvo 114 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones. El único voto en contra fue del diputado Héctor Barría (DC).
Las 29 abstenciones correspondieron a los diputados Ignacio Achurra (FA), Marcos Barraza (PC), Jaime Bassa (FA), Jorge Brito (FA), Valentina Cáceres (FA), Roberto Celedón (FA), Carolina Cucumides (PS), Luis Cuello (PC), Matías Fernández (FA), Lorena Fries (FA), Gustavo Gatica (IND-PC), Ana Gazmuri (AH), Sofía González (PC), Irací Hassler (PC), Andrea Macías (PS), Daniel Manouchehri (PS), Álvaro Ortiz (DC), Lorena Pizarro (PC), Bernardo Salinas (IND-PC), Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA), Constanza Schonhaut (FA), Daniela Serrano (PC), Carolina Tello (FA), Tatiana Urrutia (FA), César Valenzuela (PS), Consuelo Veloso (FA), Gonzalo Winter (FA) y Gael Yeomans (FA). El proyecto modifica el Código del Trabajo para que el derecho a sala cuna deje de estar condicionado a la cantidad de mujeres contratadas por una empresa.
Así, podrán acceder al beneficio los trabajadores dependientes para sus hijos menores de dos años o aquellos niños cuyo cuidado personal les haya sido otorgado por resolución judicial. La iniciativa también incorpora a trabajadoras de casa particular e independientes que cumplan los requisitos establecidos. Uno de los principales aspectos abordados por Hacienda fue la creación del Fondo de Sala Cuna, que financiará el aporte destinado a los establecimientos, un suplemento solidario para familias de menores ingresos y un aporte de equidad para jardines infantiles financiados por la Junji vía transferencia de fondos (VTF).
Para financiarlo, el texto establece una cotización de cargo del empleador equivalente al 0,30% de las remuneraciones imponibles. Este porcentaje se compensa con una rebaja de 0,15 puntos porcentuales en la cotización destinada al Fondo de Cesantía Solidario y otros 0,15 puntos en las cuentas individuales de cesantía. Los trabajadores independientes, por su parte, deberán cotizar un 0,30% de sus rentas imponibles.
El aporte de sala cuna será determinado anualmente mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, considerando un informe de la Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad del Fondo. Además, cuando la matrícula o mensualidad supere el aporte entregado, la diferencia será de cargo del trabajador o de quien utilice el servicio, salvo acuerdo expreso entre las partes. Para los hogares del 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares se contempla un suplemento que cubrirá el 50% de esa diferencia para el 40% de menores ingresos y el 30% para el tramo entre el 41% y el 60%. La iniciativa también establece una implementación gradual.
Desde el duodécimo mes siguiente a la publicación de la ley podrán acceder las mujeres trabajadoras, incluidas las de casa particular, y quienes tengan el cuidado personal exclusivo de un niño por resolución judicial. A partir del trigésimo sexto mes se incorporarán los hombres trabajadores cuya pareja no trabaje y se encuentre estudiando o buscando activamente empleo. En el cuadragésimo octavo mes, el derecho se extenderá a todos los trabajadores, incluidos los del sector público. Se contempla una gradualidad equivalente para los independientes.
Asimismo, las grandes empresas que actualmente están obligadas a proveer sala cuna deberán continuar entregando el beneficio a su costo durante el período de transición, hasta el cuadragésimo octavo mes, aunque también deberán enterar la cotización al Fondo. El texto establece, además, que el atraso en el pago de cotizaciones por parte del empleador no podrá interrumpir el servicio, y que el Instituto de Previsión Social deberá exigirle la restitución de los montos pagados con cargo al Fondo.