Tras la aprobación en su tercer trámite legislativo del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, Chile avanza una de las medidas centrales de la agenda de seguridad del Gobierno que moderniza el acceso a la justicia y fortalece la seguridad ciudadana. Así lo informó el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay, quien indicó que la nueva institucionalidad permitirá garantizar el acceso igualitario a la justicia a través de atención jurídica, psicosocial y representación jurídica gratuita para quienes más lo necesitan.
El nuevo servicio tendrá presencia en todo el territorio nacional, contará con 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia. Su implementación será de manera gradual, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley, iniciando su funcionamiento en la zona norte del país, entre las regiones de Arica a Valparaíso. De esta forma, el Estado garantizará una atención profesional, gratuita y especializada, acercando la justicia a las personas y consolidando un sistema más inclusivo, con altos estándares técnicos y de calidad en la prestación de servicios jurídicos y psicosociales.
Según explicó el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay “la aprobación del proyecto por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas, representa un histórico avance en materias de acceso a la justicia, ya que garantiza a las víctimas de delitos contar con atenciones destinadas a resguardar sus derechos, permitiéndole a las personas acceder a un servicio de calidad y multidisciplinario. Este nuevo servicio brindará un acompañamiento estatal ante situaciones complejas, asegurando atención jurídica y psicosocial además de representación jurídica a todas las personas que lo requieran”.
La autoridad regional señaló que entre los alcances de la nueva institucionalidad destaca la transformación de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial en un servicio público de carácter nacional y descentralizado, que además incorporará la Defensoría de Víctimas de Delitos, unificando y estandarizando la atención a la ciudadanía en esta materia. Esto permitirá brindar asesoría y representación jurídica, orientación legal y acompañamiento psicosocial a quienes han sido víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia, fortaleciendo el acceso a la justicia y propendiendo a la reparación de las víctimas.
Otros de los mejoramientos están orientados al fortalecimiento de la asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos (atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a adultos mayores; asesoría en materia de derechos humanos y discriminación); la solución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación; y refuerzo de la atención integral a víctimas de delitos, en particular ilícitos violentos, lo que constituirá un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
La votación en la Cámara de Diputadas y Diputados fue unánime y contó con un respaldo transversal. En la jornada estuvieron presentes Margarita González y Víctor Martínez, padres de Alejandro Martínez —joven víctima de un delito violento—, quienes impulsaron esta iniciativa y acompañaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, junto a diputadas, diputados y senadores que participaron en el punto de prensa tras la votación.
AVANCES EN ACCESO A LA JUSTICIA
El nuevo servicio unifica la asistencia judicial y la atención de víctimas de delitos en un servicio público de carácter nacional, simplificando para las personas la obtención de sus prestaciones y mejorando su provisión al consolidar experiencias que antes estaban dispersas en distintas entidades.
Se creará la Defensoría de Víctimas, que entrega atención integral –tanto jurídica como psicosocial– a víctimas de delitos, en particular de aquellos más violentos, reforzando la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana y saldando una deuda pendiente con la ciudadanía.
Esta iniciativa promueve la resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación familiar obligatoria, para evitar que los conflictos lleguen a tribunales y se alcancen soluciones con la participación de las personas involucradas. Además, entregará asistencia jurídica especializada respecto de diversos grupos y ámbitos, como niños, niñas y adolescentes; adultos mayores; defensa laboral y derechos humanos, entre otros.
El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas establece estándares de calidad y mecanismos de control en la atención de personas usuarias, avanzando hacia un enfoque de derecho y garantía para la ciudadanía en su acceso a la justicia. Junto a lo anterior, garantizará la atención profesional, acotando la participación de postulantes en práctica y asegurando que todas las personas usuarias reciban una atención de calidad.