Construcción del penal más moderno de Chile y Latinoamérica permitirá combatir la delincuencia y el crimen organizado fortaleciendo la seguridad penitenciaria.
Al finalizar el Gobierno del Presidente Gabriel Boric la región de Atacama cuenta con el proceso de licitación en marcha para la construcción de la nueva cárcel de Copiapó. Al respecto el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay señala «nuestro Gobierno ha abordado los desafíos que a diario surgen del sistema penitenciario, el cual no fue mirado y atendido con la profundidad y urgencia que se requería durante décadas, razón por la cual hoy tenemos una problemática estructural que requiere de grandes transformaciones, de las cuales nos hemos hecho cargo para dar certezas y fortalecer la seguridad penitenciaria».
En este sentido, recordó que el proyecto para la construcción del penal fue presentado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos junto a la ministra de Obras Públicas, quienes los primeros días de diciembre del 2025 dieron a conocer el diseño del nuevo Complejo Penitenciario “El Arenal” de Copiapó, recinto concesionado que comenzará su construcción en 2028 y su operación en 2031.
El seremi Tomás Garay destacó que este proyecto responde a un esfuerzo impulsado por ambas carteras con el fin de fortalecer la infraestructura penitenciaria y responder a la necesidad de aumentar la capacidad del sistema, mejorando sustancialmente sus estándares de seguridad y habitabilidad.
“Estamos avanzando y esperamos que próximamente la empresa constructora San José comience todo el proceso de terminar las ingenierías de detalle y se pueda iniciar la etapa de construcción. Hemos dado pasos significativos en la ejecución de un proyecto largamente anhelado por nuestra región. Se había dicho en múltiples oportunidades que este proyecto se iba a desarrollar, pero la verdad es que cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2022, este proyecto se encontraba en una etapa muy inicial, prácticamente sin ningún tipo de avance. Con grandes esfuerzos logramos recuperar este proyecto, iniciar la licitación e incorporarlo dentro del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria», añadió la autoridad regional. La construcción y operación del nuevo recinto penitenciario significará una inversión de 300 millones de dólares, «y generará cerca de 500 empleos mensuales en promedio durante su ejecución, lo que será un impulso relevante para la economía regional y una señal del compromiso del Gobierno con la inversión en Atacama», precisó el seremi de Justicia y Derechos Humanos.
INFRAESTRUCTURA QUE FORTALECE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA
Según explicó la autoridad regional este proyecto considera la construcción de más de 76 mil metros cuadrados de infraestructura moderna y segura que permitirá hacer frente al crimen organizado y fortalecer la seguridad penitenciaria. Tendrá una capacidad para albergar a 2.160 internos y cerca de 600 funcionarios de Gendarmería de Chile.
El futuro penal contará con 15 módulos de reclusión, que prestarán servicios como alimentación, salud y apoyo a la reinserción social. El establecimiento tendrá también una unidad de salud penal, escuela para reclusos, talleres industriales, áreas deportivas, una central de producción de alimentos, sistema de generación fotovoltaica y de tratamiento de aguas, soluciones sustentables como energía solar, áreas administrativas y espacios adecuados para los funcionarios de Gendarmería, resguardando de mejor manera a la dotación que trabajará en el penal.
ANTIGUOS PENALES
Para enfrentar la crisis de infraestructura penal en la región, debido fundamentalmente a la antigua data de los penales y la limitada capacidad por diseño, se generaron diversas iniciativas a nivel local con miras al mejoramiento de la infraestructura disponible, a fin de dar respuestas a las problemáticas actuales de infraestructura mientras se espera la entrada en funcionamiento del nuevo penal cuyo plazo de construcción está proyectado para el 2030.
«Presentamos diversos proyectos al Gobierno Regional de Atacama, varios de ellos ya ejecutados y que van desde el mejoramiento de infraestructura hasta la implementación de moderna tecnología y equipamiento para el control y detección de ingreso de elementos prohibidos a las cárceles, que en el año 2025 representaron una inversión cercana a los dos mil millones de pesos, financiamiento que se suma a recursos dispuestos por Gendarmería que también permitieron avanzar en mayores condiciones de habitabilidad en los tres penales de la región. Adicionalmente, se espera que durante el presente año se aprueben recursos cercanos a los 500 millones de pesos para dos iniciativas destinadas a dotar de mayores condiciones de habitabilidad y seguridad a los recintos de Copiapó y Vallenar, detalló el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay.
“La seguridad penitenciaria es seguridad pública, y por ello, hasta el último día de nuestro Gobierno seguiremos trabajando para concretar diversas iniciativas destinadas a modernizar Gendarmería con el objetivo de continuar fortaleciendo a una institución que todos los días se enfrenta al crimen organizado en las cárceles y requiere que nosotros vayamos fortaleciendo no solamente sus capacidades de infraestructura, sino también al personal y apoyar a sus funcionarios y funcionarias en su difícil labor que representa un desafío como país”, finalizó la autoridad.