La Policía de Investigaciones (PDI) incautó celulares y computadores durante un allanamiento a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Valparaíso, en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco vinculada a contratos de demolición de viviendas tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué en 2024. La diligencia fue ordenada por el Ministerio Público y se concretó esta semana, luego de que la Contraloría detectara millonarias irregularidades en convenios suscritos por la Delegación Presidencial Regional y la Dirección de Arquitectura del MOP con distintas empresas.
El fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), Claudio Rebeco, detalló que «hemos solicitado y obtenido del Tribunal de Garantía de Valparaíso autorización judicial para proceder a la incautación de dispositivos digitales, celulares y computadores de funcionarios y particulares que intervinieron en las operaciones o contratos que son materia de la investigación». Las diligencias fueron realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Valparaíso y Biobío. El persecutor añadió que la indagatoria busca esclarecer si los hechos configuran un delito de defraudación fiscal y que se trata de una investigación compleja, que incluirá análisis de cuentas corrientes y trazabilidad de recursos públicos.
Uno de los contratos cuestionados corresponde a un convenio por $6.795 millones suscrito con la empresa San Nicolás SpA para la demolición y retiro de escombros de 930 viviendas en el sector El Olivar. De acuerdo con informes de la Contraloría, el costo por unidad superaría los $7 millones. El órgano contralor también consignó que el contrato fue terminado anticipadamente por incumplimientos y que el MOP autorizó un pago proporcional de $1.527.079.400 por la demolición de 209 viviendas. Sin embargo, parte de esos montos se habría transferido sin respaldo suficiente que acreditara la ejecución efectiva de las obras. En 75 de las 209 viviendas revisadas, las fotografías del expediente presentarían deficiencias e inconsistencias, como imágenes duplicadas. Asimismo, la Contraloría detectó que la empresa fue contratada sin acreditar experiencia en demoliciones, capacidad operativa ni solvencia económica, y que no contaba con maquinaria propia ni trabajadores contratados, ejecutando los trabajos mediante subcontratación no autorizada. Otro informe consignó un pago improcedente por más de $434 millones a otra empresa por la demolición de 114 viviendas. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que se solicitó a San Nicolás SpA la restitución de los montos observados. «Ya hicimos una primera comunicación con ellos, donde les informamos que había ingresos que no estaban respaldados y, por lo tanto, que tienen que tomar las medidas para devolvernos esos dineros», señaló.