El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva orientada a que el Departamento del Tesoro, junto a los reguladores bancarios federales, refuerce los controles de identificación de clientes y la diligencia debida en el sistema financiero, prestando especial atención a operaciones vinculadas a personas “sin autorización de trabajo”, de acuerdo al texto difundido por la administración presidencial estadounidense.
Esta disposición, fechada el 19 de mayo de 2026 y titulada Restoring Integrity to America’s Financial System (“Restaurar la integridad del sistema financiero de Estados Unidos”), instruyó al Tesoro a emitir en sesenta días una advertencia formal a las entidades financieras, identificando “banderas rojas” para detectar actividades sospechosas.
Además, el organismo deberá impulsar cambios regulatorios bajo la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) para reforzar los requisitos de identificación y diligencia debida basados en riesgo. El documento no impuso una obligación general de recolectar la ciudadanía de todos los clientes.
La administración presidencial estadounidense fundamentó la decisión con un objetivo claro: impedir “riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”.
El Gobierno advirtió que las entidades financieras pueden enfrentar riesgos crediticios si una persona pierde ingresos por deportación o por cambios en el cumplimiento de la ley migratoria por parte de empleadores, y deja de pagar un préstamo.
La orden ejecutiva determinó un cronograma para el Departamento del Tesoro. En primer lugar, estableció que dentro de sesenta días el secretario del Tesoro publique una advertencia dirigida a las instituciones financieras sobre “los riesgos asociados con la explotación del sistema financiero” por parte de personas “sin autorización de trabajo” y empleadores que las contraten.
La orden ejecutiva también dispuso instrucciones para la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, agencia reguladora estadounidense).
En un plazo de sesenta días, la agencia deberá “considerar” una aclaración: que la eventual deportación y la pérdida de salarios pueden afectar negativamente la “capacidad de repago” de un prestatario sin autorización de trabajo, en función de los estándares de “ability-to-repay” contemplados en 12 CFR Parte 1026.
El documento agregó que los prestamistas “pueden considerar” estos factores para su determinación razonable y de buena fe en la suscripción. Asimismo, dentro del mismo plazo de sesenta días, cada regulador funcional federal deberá publicar guías sobre la gestión de los riesgos crediticios potenciales vinculados a la población sin autorización de trabajo.