Bolivia afronta una creciente crisis social al cumplirse un mes de los bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que han generado el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en gran parte del país.
Esta situación agrava la crisis económica que viven los bolivianos desde 2023, marcada por la escasez de divisas y la inflación, por lo que suman las voces que piden que el mandatario declare un estado de excepción ante la negativa de los sectores movilizados a dialogar.
Los bloqueos de carreteras, que se realizan desde el 6 de mayo, son liderados por la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB), algunas organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto y grupos leales al exmandatario Evo Morales (2006-2019), quienes sostienen que su «única demanda» es la renuncia de Paz.
Las medidas afectaron inicialmente a las ciudades de La Paz y El Alto, pero desde hace semanas se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, con al menos un centenar de puntos donde persisten los cortes de ruta.
Estos sectores dicen que el Ejecutivo los marginó de las decisiones gubernamentales y acusan a Paz de intentar privatizar y elevar las tarifas de los servicios básicos mediante un paquete de al menos diez leyes sobre energía, hidrocarburos y recursos evaporíticos, algo que el Gobierno ha negado.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reportó que las pérdidas económicas por el conflicto ascienden a unos 2.100 millones de dólares, con afectaciones a los empresarios privados y los trabajadores independientes.
Por su parte, el sector turístico registra perjuicios por 1.230 millones de dólares, además de un deterioro de la «imagen-país», según datos del Ministerio de Turismo.
Los bloqueos también ocasionaron la muerte de siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna y de otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Ante los conflictos, los Gobiernos que conforman el Escudo de Las Américas promovido por EE.UU. expresaron su respaldo a Paz y denunciaron un intento de «derrocar» al Gobierno boliviano por medio de protestas que, según aseguran, son financiadas con «dinero ilícito proveniente del narcotráfico».
Bolivia recibió apoyo humanitario de Estados Unidos, Perú y Chile, mientras que Argentina envió un par de aviones de carga que sirven para reforzar el «puente aéreo» y traslado de alimentos hasta La Paz y El Alto.
Hace unas semanas, el Gobierno de Paz expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por unas declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre el conflicto que fueron consideradas una «injerencia».
La posibilidad de dictar un estado de excepción en Bolivia surgió después de que las primeras movilizaciones derivaran en enfrentamientos con la Policía y saqueos de oficinas estatales y privadas, principalmente en La Paz.
El Parlamento abrogó una ley vigente desde 2020 que restringía la labor de las Fuerzas Armadas en casos de conmoción interna, mientras que el Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto para reforzar las atribuciones de las fuerzas de seguridad, que ya fue aprobado por el Senado.
Paz dijo que utilizará todos los recursos que le permite la Constitución para superar el conflicto, aunque remarcó que apelará al diálogo como primera vía de solución.