Investigación desarrollada por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) para Fundación Chile Sustentable evidencia que Chile mantiene cerca de 3.862 MW de generación diésel pese a que, incluso en los períodos de mayor utilización, sólo una fracción cercana al 10% de esa capacidad ha sido requerida. En la búsqueda de reducir la tarifa eléctrica, Chile Sustentable sostiene que corregir este tipo de distorsiones es clave para avanzar hacia un cambio estructural en los costos de la electricidad.
La reciente aprobación de la Ley de Protección Tarifaria Eléctrica (Boletín N°18.384-08) abrió una oportunidad para aliviar temporalmente las cuentas de la electricidad, pero también para discutir y revisar las distorsiones estructurales que encarecen el sistema eléctrico chileno. Específicamente, la Ley habilita por primera vez la renegociación de contratos eléctricos entre generadoras y distribuidoras, medida que permite sincerar el costo real de la energía. Sin embargo, el sistema contiene otras distorsiones que contribuyen a mantener alto el costo de la electricidad. Una de ellas es la actual sobrecapacidad de generación diésel, que recibe pagos por su disponibilidad como infraestructura de respaldo, pese a su baja utilización efectiva.
Así lo advierte el estudio “Evaluación de la capacidad de generación térmica de respaldo diésel conectada a nivel de transmisión: desafíos para la eficiencia y la descarbonización”, desarrollado por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) para Fundación Chile Sustentable.
El análisis muestra que, en el año 2025, Chile alcanzó 3.862 MW de capacidad de generación diésel, equivalente a cerca del 8% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Sin embargo, se utiliza en promedio, y en condiciones normales, solo el 10% de dicha capacidad instalada, principalmente para la continuidad del suministro en escenarios extremos.
Incluso en 2021, identificado por el estudio como el año de mayor utilización de generación diésel, durante el 80% del tiempo en que estas centrales fueron despachadas, la potencia utilizada no superó los 360 MW, es decir, menos del 10% de la capacidad disponible. Además, el estudio señala que, incluso en emergencias, como el apagón nacional del 25 de febrero de 2025, sólo se activó un máximo de 895 MW, es decir aproximadamente un 24% del total de la capacidad diésel disponible.
Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, estos antecedentes cobran especial relevancia en medio de la discusión sobre el costo de la electricidad. “Si bien celebramos la aprobación de la Ley de Protección Tarifaria por el alivio que representa postergar la deuda eléctrica para las familias, instamos al Gobierno a actuar con la misma urgencia para revisar y corregir las distorsiones existentes en el sistema eléctrico, que encarecen el sistema, como es el caso de los sistemas a diésel”.
El estudio identifica -además- una inconsistencia relevante: la capacidad instalada no equivale necesariamente a capacidad efectivamente disponible. Según antecedentes del Coordinador Eléctrico Nacional analizados por ISCI, la capacidad máxima de abastecimiento logístico de diésel alcanza aproximadamente 3.500 m³ diarios. Sin embargo, operar simultáneamente todas las unidades diésel a plena carga durante un día requeriría del orden de 25.000 m³, más de siete veces la capacidad logística disponible. A ello se suma que algunas centrales no cuentan con contratos de suministro de combustible, lo que introduce una vulnerabilidad adicional precisamente en los escenarios de estrés en que estas unidades deberían respaldar al sistema.
Pese a este escenario, el actual mecanismo de pagos por capacidad reconoce estas unidades como recursos firmes y disponibles. El estudio advierte que esta situación podría estar sobreestimando su contribución efectiva a la confiabilidad del sistema y generando pagos que no reflejan adecuadamente su disponibilidad real. “Existen aún incentivos que permiten que centrales usadas o de ‘segunda vida’ reciban remuneraciones calculadas sobre costos de reposición de unidades nuevas, lo que puede generar rentas excesivas e incentivar la permanencia de activos antiguos y de altas emisiones”, agrega Larraín.
El análisis también muestra que existen alternativas tecnológicas capaces de reemplazar progresivamente parte importante de este respaldo. Más del 70% de los llamados a operación de las centrales diésel registrados durante 2021 tuvieron una duración inferior a cinco horas, característica que permitiría que una fracción relevante de esos requerimientos sea atendida mediante tecnologías de almacenamiento de respuesta rápida. Bajo un escenario conservador, el estudio estima que reemplazar con baterías los eventos de respaldo de corta duración podría reducir la necesidad de capacidad diésel a cerca de 400 MW.
El desafío -plantea Chile Sustentable- es determinar cuánta de esta capacidad continúa siendo realmente necesaria, cuánto está pagando el sistema por ella y qué tecnologías pueden reemplazar progresivamente sus funciones de respaldo, en búsqueda de reducir pagos ineficientes que encarecen innecesariamente las tarifas eléctricas y orientar los incentivos hacia tecnologías más limpias y eficientes.